Alcaldía de Campeche fija postura por actos ilegales en Centro de Salud Municipal
La Alcaldía de Campeche, a través de la Dirección Jurídica y el Sistema DIF Municipal, fijó su postura por los actos irregulares que derivaron en el cierre del Centro de Salud Municipal, anunció que interpondrá denuncias correspondientes por daño en propiedad ajena y lo que resulte, y lamentó que las fuerzas del Estado sean utilizadas para favorecer a un particular en un juicio de índole mercantil.
En rueda de prensa efectuada en las instalaciones del DIF Municipal, el titular de la Dirección Jurídica, Alejandro Durán Reyes, acompañado de la directora del organismo de asistencia social, María Asunción Caballero May, indicó que al no existir notificación alguna de autoridad judicial que lo avale, se desconoce cuál es la situación jurídica del inmueble donde se presta el servicio público de salud a los ciudadanos del municipio.
Relató que ante los hechos reportados en el que un particular, sin autoridad para ejecutar orden de embargo y sin ningún acompañamiento de un actuario o autoridad judicial colocó lonas y fotocopias testadas o tachadas descargadas presuntamente del portal oficial del Poder Judicial de la Federación, la Dirección Jurídica a su cargo procedió a analizar la situación del caso.
Observó que se trató de un acto irregular toda vez que ningún particular está facultado para actuar o hacerse justicia propia, y en este caso sin el acompañamiento debido, además de que se hizo en un horario donde habitualmente las autoridades judiciales no realizan este tipo de acciones. “La mecánica es que cuando una autoridad pretende notificar algo y no se encuentra la persona o el representante legal, se deja un citatorio para que al día siguiente el representante legal espere al Actuario para que se le notifique, pero en este caso iba el ciudadano solo, se autoidentificó como depositario judicial y puso lonas y puso cadenas”, explicó. “Los oficios que dejaron fijados eran copias fotostáticas de unas actuaciones judiciales que se descargan de la página del Poder Judicial de la Federación.
Como ustedes pudieron constatar seguramente el día de ayer, tenían inclusive testado o tachados los nombres de las partes en ese juicio, lo que es totalmente irregular”, abundó. También dijo que fue ilegal la detención del responsable del Centro de Salud Municipal, quien funge como enlace con la empresa que presta los servicios médicos, pues no se presentó ninguna orden firmada por algún Juez, “en lo personal como abogado en el tiempo que llevo haciendo trámites jurídicos nunca había visto un acto de tal naturaleza, donde un ciudadano acude con su propia autoridad, pega unas copias fotostáticas testadas de un documento que descargó por internet y la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad le hacen acompañamiento y detienen presuntamente en flagrancia a una persona”.
Durán Reyes precisó que efectivamente existe un juicio de índole mercantil en donde el exalcalde Eliseo Fernández Montúfar es la parte demandada por la empresa Préstamos GP S.A. de C.V., y en este proceso existe también un acuerdo con fecha 14 de julio del 2022 donde el juez del caso niega a la persona que se ostenta como depositario judicial la entrega de los bienes demandados, por no garantizar los daños y perjuicios que se le ocasionen al posesionario del bien, en este caso el DIF Municipal. Sin embargo, a pesar de la negativa del juez, el ciudadano por su propia autoridad imprimió las hojas y colocó las lonas que no tienen validez legal. “Lo que nos sorprende, y lo que sorprende a la instancia municipal y al DIF, es cómo el Gobierno del Estado se prestó a facilitar un montaje donde una persona de propia autoridad asiste a pretender hacerse justicia por sí mismo; nos sorprende mucho cómo la fuerza del estado, la fuerza pública que debiera estar al servicio de la ciudadanía se presta para intereses privados”, lamentó.21:35Forwarded from Toño Vocero“Ahora nos preguntamos, el poder público, el poder del estado, el poder de la Secretaría de Seguridad Pública, el poder de la Fiscalía está al servicio de un particular, que encima está haciendo actos ilegales, o sea, la Fiscalía está avalando un acto ilegal, abiertamente en contra de la orden de un juez. O se dejaron sorprender, o a la Fiscalía la engañaron”, subrayó.